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Cuál es el objeto social de una farmacia

Cuál es el objeto social de una farmacia

En los últimos tiempos es frecuente que el farmacéutico forme una sociedad de compromiso limitada para la compraventa de modelos de parafarmacia que se proveen desde nuestra Oficina de Farmacia y, así mismo, conseguir una mayor fiscalidad virtudes No obstante, en la mayor parte de las situaciones no se tienen presente las consecuencias jurídicas que esa resolución empresarial puede ocasionar al propio farmacéutico. Todo ello va a depender de si verdaderamente nos encontramos frente 2 negocios reales y completamente independientes (la Oficina de Farmacia y la compañía de parafarmacia), o, frente una compañía de parafarmacia que sirve de instrumento al farmacéutico para conseguir mayores virtudes, singularmente las ventajas fiscales.

El Trámite frente a la DIGEMID

Con estos 4 elementos básicos se realiza un expediente técnico, una petición formal de autorización para el desempeño de la Droguería. El que se muestra a DIGEMID. El derecho a abonar (tasa de salud) es dependiente del TUPA vigente; en un caso así, cada día de el día de hoy, el monto a abonar es de S/ 416.70

El expediente pasa por un desarrollo de evaluación, después de lo que se asigna una fecha para la visita de inspección por la parte de la autoridad; tiene 30 días hábiles, según TUPA, para efectuar esta inspección.

La sociedad profesional de farmacéuticos como licenciatario y dueño de la oficina de farmacia

Si lo previo es como suponemos, no debería haber objeción a una sociedad profesional de farmacéuticos – no observamos que están prohibidos – debe poder anotarse en el registro pertinente de su instituto profesional y pedir a la autoridad administrativa competente el otorgamiento de una licencia para ejercer la actividad de venta de fármacos, lograda a la que debe poder seguir original o derivativamente comprar una oficina de Farmacia. Así, se cubre la unidad de título y lo sosprechado en la legislación vigente: la titularidad de la licencia y la titularidad de la farmacia están en una sola mano: el instituto profesional de farmacéuticos. No se trataría de un fontanero pidiendo abrir una farmacia, ni de una internacional constructora, que es indudablemente la racionalidad del art. 103.4 de la LGS. Exactamente una interpretación de aquella regla de 1986 de conformidad con el art. 3 del CC –particularmente la verdad popular y jurídica actualmente en que debe aplicarse la regla- debe llevarnos a aceptar lo aquí patrocinado.

La independencia del profesional ha de estar garantizada por la regla imperativa de control de los asociados expertos, cuya condición es pública y no puede ser modificada sin control registral (art. 8 LSP). En cualquier caso, si por exceso de precaución o por puro pragmatismo se quisiese vaticinar una regla concreta, bastaría con entablar que las sociedades expertos de este género solo cabrían de forma exclusiva profesionalmente, como sucede en este momento con las sociedades irregulares llamadas comunitarias. propiedad, o, en una versión menos maximalista, quizás sería bastante para eludir que compañías probablemente problemáticas adquieran ese capital, así como aceptó la STJUE de 19 de mayo de 2009.

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